Desde el inicio de su intervención militar en Ucrania, el Kremlin ha intensificado sus esfuerzos por controlar el acceso a la información en línea. La reciente aprobación de una ley que impone sanciones por buscar contenido considerado «extremista» marca un nuevo capítulo en la estrategia de censura del gobierno ruso. Esta medida no solo afecta a los ciudadanos que buscan información alternativa, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la libertad de expresión y el derecho a la información en el país.
### Nuevas Restricciones y Multas por Búsquedas en Línea
La nueva legislación, que ha sido aprobada por la Duma y el Consejo de la Federación, establece multas de hasta 5.000 rublos (aproximadamente 54 euros) para aquellos que busquen deliberadamente material prohibido en internet. Esta norma se extiende también a los usuarios de VPN, herramientas que muchos rusos utilizan para eludir las restricciones impuestas por el gobierno y acceder a sitios web bloqueados. La ley ha sido recibida con críticas tanto de activistas de la oposición como de algunos miembros del propio parlamento, quienes argumentan que esta medida solo servirá para aumentar el miedo y la autocensura entre la población.
Borís Nadezhdin, un político que intentó presentarse a las elecciones presidenciales el año pasado, lideró una protesta en la Duma, señalando que la ley ha generado un nivel de oposición en la sociedad rusa que no se había visto en mucho tiempo. Por su parte, Sarkis Darbinian, fundador del grupo de derechos digitales Roskomsvoboda, expresó su preocupación por el impacto que esta legislación tendrá en la libertad de expresión, sugiriendo que muchos usuarios podrían comenzar a cancelar sus suscripciones a canales de Telegram o eliminar aplicaciones de mensajería.
La votación en la Duma fue abrumadora, con 306 diputados a favor, 67 en contra y 22 abstenciones. Sin embargo, varios miembros de la cámara expresaron su desacuerdo, argumentando que la población no apoya esta ley. Vladislav Davankov, vicepresidente de la Duma, afirmó que «la gente no quiere esta ley», mientras que Artiom Prokófiev, del Partido Comunista, criticó la injusticia de castigar a los internautas simplemente por acceder a información en línea.
### La Amenaza de la Censura y el Control Gubernamental
La lista de entidades consideradas extremistas por el Ministerio de Justicia es extensa, abarcando más de 5.500 organizaciones, entre las que se incluyen la Fundación Anticorrupción del fallecido líder opositor Alexéi Navalni y el movimiento internacional LGTB. Esta amplia categorización significa que cualquier internauta podría ser sancionado por acceder a contenido que, aunque no busque intencionadamente, se encuentre en la lista negra. La falta de claridad sobre cómo se determinará la intención de búsqueda ha generado aún más incertidumbre entre los ciudadanos.
El ministro de Desarrollo Digital, Maksut Shadáiev, tuvo que aclarar en la Duma que las fuerzas del orden deberán demostrar que el usuario tenía la intención de acceder a material extremista para que se le imponga una sanción. Esta ambigüedad en la aplicación de la ley podría llevar a un aumento significativo de la autocensura, ya que los usuarios podrían optar por evitar cualquier tipo de búsqueda que pudiera ser considerada sospechosa.
Uno de los principales defensores de esta nueva legislación es Viacheslav Volodin, presidente de la Duma, quien argumenta que la ley permitirá a Rusia oponerse de manera más efectiva a las plataformas en línea de países considerados «inamistosos». Esta postura se alinea con una tendencia más amplia en el Kremlin de restringir el acceso a servicios de comunicación occidentales, como WhatsApp, que, a pesar de tener alrededor de cien millones de usuarios en Rusia, enfrenta la posibilidad de ser prohibido en el país.
Antón Gorelkin, vicepresidente de la Comisión de Política de la Información en la Duma, ha declarado que WhatsApp «debe prepararse para dejar el mercado ruso», lo que subraya la intención del gobierno de promover aplicaciones locales que estén bajo su control, como Max, que se asemeja a la plataforma china WeChat, conocida por su vigilancia y control de datos.
La creciente censura en internet en Rusia plantea serias preguntas sobre el futuro de la libertad de expresión y el acceso a la información en el país. A medida que el gobierno continúa implementando medidas restrictivas, la capacidad de los ciudadanos para acceder a información veraz y diversa se ve cada vez más amenazada, lo que podría tener repercusiones significativas para la sociedad rusa en su conjunto.
